La ley introduce diversas modificaciones en el modelo penal vigente, las que buscan prevenir la comisión de delitos económicos a través de imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno.

Junto con precisar cuáles son las figuras que configuran los delitos económicos en nuestro país, esta ley establece nuevas regulaciones para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, se amplía el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, determinando con precisión quienes son los sujetos a las que alcanzan sus disposiciones; asimismo, introduce modificaciones a las reglas sobre modelos de prevención de delitos, cuya implementación permite a las personas jurídicas eximirse o atenuar su  responsabilidad penal en el caso de ocurrencia de delitos en el ámbito de sus actividades.

La Universidad, dentro del ámbito de su Programa de prevención de delitos se encuentra actualizando sus políticas y protocolos con el objetivo de ajustarse a la nueva normativa, la que tendrá una vigencia diferida, pues comenzará a regir después de un año de su publicación.