Considerando su calidad de persona jurídica de derecho público, su estructura organizacional, las diversas instancias colegiadas y unipersonales de decisión y gestión y la dotación de personas que desempeñan funciones académicas -docentes e investigativas- y/o administrativas; resulta conveniente implementar un sistema preventivo frente a eventuales responsabilidades que pudieran perseguirse en su contra a consecuencia de conductas delictivas desarrolladas por sus miembros a causa o por omisión de controles o supervisión adecuada y oportuna, como asimismo precaver perjuicios que pudiera enfrentar con motivo de engaños u otras maquinaciones fraudulentas.

No. La omisión o falta de un programa de prevención de delitos y fraude interno no constituye por sí misma una irregularidad o un ilícito. Con todo, contar con un sistema de esta naturaleza supone diversos beneficios para la Universidad, especialmente en el ámbito legal y patrimonial.

Entre otros, cabe mencionar los siguientes:

a) Lavado de activos: cualquier hecho o conducta que persiga ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de los hechos constitutivos de delitos, o aún desconociendo dicho origen ilícito por negligencia inexcusable.

b) Cohecho: dar, ofrecer o consentir en dar a un empleado público nacional o extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal.

c) Receptación: delito que comete quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas.

d) Corrupción entre particulares: solicitar o aceptar un beneficio económico o de otra naturaleza para favorecer, en el ejercicio de sus labores, la contratación con un oferente por sobre otro. Asimismo, dar, ofrecer o consentir en dar a un empleado o mandatario un beneficio económico o de otra naturaleza para que favorezca o por haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro.

e) Apropiación Indebida: apoderamiento o distracción de dinero u otros bienes muebles ajenos que se hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

f) Infracción a la Ley de Protección del Empleo: defraudar o facilitar los medios para defraudar, ya sea permitiendo obtener los beneficios que la Ley 21.227 consagra u obtener más beneficios que los que correspondan.

g) Infracción de cuarentenas u otras medidas preventivas: el que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordenare concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

Actualmente, el Encargado de Prevención de Delitos y Fraude Interno es el abogado de nuestra Universidad Sr. Juan Francisco Rivera Castro. Dentro de sus principales funciones, conforme al Manual que ordena el sistema, el Encargado de Prevención deberá:

a) Dirigir actividades de difusión interna y capacitación a los miembros de la comunidad universitaria en cuanto a la prevención de delitos y fraude interno;
b) Determinar medidas y acciones de difusión externa y comunicación pública;
c) Responder consultas y aclarar dudas que se le formulen por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria, en relación con el Manual de Prevención de Delitos y Fraude Interno, su sentido y alcance;
d) Recibir denuncias internas o externas y/o solicitar antecedentes a las distintas autoridades y jefaturas, unidades, centros, entidades o reparticiones de la institución sobre hechos que puedan comprometer la responsabilidad penal de la Universidad o constituir fraude interno;
e) Analizar los antecedentes disponibles y, conforme a ello, determinar o no el inicio de una investigación;
f) Solicitar al Prosecretario General de la Universidad que, atendidas sus facultades y en forma prioritaria, realice una investigación de lo hechos que ha conocido conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Manual de Prevención de Delitos y Fraude Interno;
g) Ponderar los antecedentes que le sean remitidos por el Prosecretario General en virtud de la investigación realizada por éste, a fin de determinar los cursos de acción posible, en relación con lo establecido en el artículo 26 del Manual de Prevención de Delitos y Fraude Interno;
h) Emitir un dictamen dirigido al Rector con sus conclusiones acerca de la investigación realizada y formular recomendaciones de sanciones y medidas a adoptar;
i) Mantener actualizado el proceso de identificación, análisis y evaluación de riesgos;
j) Rendir cuenta semestralmente de sus actuaciones ante el Consejo Superior de la Universidad;
k) Elaborar un plan de trabajo y un presupuesto conforme al cual se determinarán los recursos y medios que tendrá disponible.