La PUCV se pone a la vanguardia en materia de aseguramiento interno de la calidad y compromiso social. Como una expresión clara de integridad institucional, transparencia y probidad, la Rectoría implementó el Programa de Prevención de Delitos y Fraude Interno, cuya función será prevenir la ocurrencia de conductas que puedan significar atribución de responsabilidad penal para la Universidad.

El programa estará bajo la tuición directa de la Rectoría.

La creación de este programa es expresión de la voluntad de la institución por autoimponerse los más altos estándares en materia de cumplimiento y probidad.

El ámbito de prevención de delito y de fraude interno es un área que a nivel de instituciones -sean con o sin fines de lucro, del ámbito público o privado- hoy es ineludible. Es algo que las organizaciones más temprano que tarde, deben enfrentar y la Universidad dentro del contexto de instituciones de Educación Superior dió un gran paso, poniéndose a la vanguardia.
En 2009, nuestro país dictó la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas lo que en los últimos años, ha tenido importantes modificaciones incorporando nuevos delitos y aumentando severamente las penas aplicables. En contexto de pandemia, por ejemplo, enfrentó variaciones sobre la posibilidad de cambiar contratos de trabajo y establecer responsabilidades penales en caso de incumplimiento de estas disposiciones.
La ley 21.240 estableció modificaciones donde instituciones como la PUCV podrían verse comprometidas. Hay una doble responsabilidad: de la (o las) personas naturales que hayan cometido el delito y también la responsabilidad de la persona jurídica, en este caso la Universidad, por no haber implementado programas efectivos de prevención y control.
En materia de fraude interno, por medio del programa se busca estar atentos a los comportamientos que puedan significar prejuicios para la Universidad, que sean:patrimoniales o afectaciones a la reputación, el prestigio, que la institución ha ido construyendo por casi 100 años.

Abarca a la Universidad en su totalidad, las UUAA, centros, entidades y el ámbito administrativo, todos quienes tengan algún contrato de trabajo con la PUCV, ya sea indefinido o a plazo, de prestación de servicios, académico o administrativo.

La reciente publicación de la Ley de Delitos Económicos supone, en este ámbito, un nuevo desafío para la Universidad, pues la implementación de un modelo preventivo se presenta hoy como una exigencia para hacer frente a los riesgos penales que pueden presentarse en sus actividades y procesos.

Sanciones y Manual

La Universidad es enfática en señalar que este programa promueve la prevención con el objetivo de que no ocurran este tipo de conductas, pero si ocurriese alguna denuncia concreta, se efectuará un proceso de investigación a cargo de la Pro Secretaría General.
Si se confirmara la participación de las personas en los delitos, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público o al Tribunal de Garantía, para que se persigan responsabilidades, pero además contempla procedimientos propios o sanciones que van desde amonestaciones o poner término al contrato de esa persona con la Universidad.
El programa se soporta en dos elementos: existe un manual de prevención de delitos y fraude interno que fue desarrollado y aprobado por un decreto de Rectoría, donde se establece el sistema, con todas sus etapas, la investigación de hechos, los procedimientos aplicables, las posibles sanciones y define cual es el ámbito de aplicación.
El manual está publicado en nuestra página web, desde donde puede descargarse en formato PDF. Se ofrece un canal de consultas, donde puede enviar consultas y así aclarar el sentido y alcance de las disposiciones o cualquier duda sobre la puesta en marcha. En segundo lugar, existe un formulario para hacer denuncias.
Cualquier persona dentro o fuera de la Universidad, que tenga conocimiento de hechos que pudieran dar lugar a hipótesis puede presentar una denuncia, pero esto debe ser utilizado responsablemente, pues la persona podría enfrentar acciones legales en caso de acusaciones que sean calumniosas o injuriosas.